El Instituto determinará dentro de sus competencias, los casos en que se deban cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información señaladas en la legislación de la materia, directamente o a través de los sujetos obligados a las personas físicas o morales que:

I. Reciban o ejerzan recursos públicos;

II. Reciban un ingreso local que sea preponderante dentro de su presupuesto, o bien, subsidios, condonaciones o reducciones fiscales;

III. Actúen como un ente de autoridad o realicen una actividad de interés público;

IV. Sean sujetos a permisos, concesiones o licencias; y

V. Cuenten con algún permiso de uso o explotación de bienes públicos, ya sea directamente o de forma subordinada.